INSTRUMENTO PARA LA POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURA

Los últimos cuatro años golpearon ferozmente al área de infraestructura en el sector público, entre los escándalos por el pago de sobresueldos y una gestión destinada más a controlar la maquinaria productiva que a idear un política de infraestructura para el país, el Ministerio de Obras Públicas dedicó sus energías a culminar las obras de las grandes concesiones urbanas e interurbanas, y cumplir con el presupuesto de obras a un ritmo más lento, sin espacio para la creatividad, y sin respeto por la dignidad de los profesionales del área.

Difícil tarea le deja el Gobierno del Presidente Lagos, a nuestra futura Presidente (a), pues detener la acción o movimiento de un elefante es fácil, levantarlo y que vuelva a caminar es muy difícil.

Ha sido tendencia habitual de los Ministros de Obras Públicas intentar independizar la Política de Infraestructura del país de la voluntad de los sectorialistas del área en la Dirección de Presupuestos. Carlos Cruz esperaba lograrlo cuando se conformara el nuevo ministerio que fusionaría el MOP con Transporte y Telecomunicaciones, y Jaime Estévez esbozó una reingeniería institucional que homologara a la Dirección General de Obras Públicas a una empresa del Estado. Ambos caminos adolecían del mismo error, una compleja trama legislativa que intranquilizarían a los funcionarios del Ministerio y abriría una caja de proposiciones estructurales que harían dormir el proyecto por largo tiempo.

Dentro del diagnóstico general que ha sido recurrente al pasar de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas están los siguientes: Los deficientes sueldos de inspectores fiscales de obras y consultoría, así como de otros cargos estratégicos (aminorado por la ley de funciones críticas, pero aún insuficiente en la cantidad de beneficiados); la escasa flexibilidad del presupuesto en el sentido que no permite fortalecer programas emergentes por la tremenda inercia presupuestaria de las grandes direcciones operativas; el reducido presupuesto de funcionamiento que no se condice con las reales necesidades de las direcciones, situación que se ha visto acentuado en los últimos cuatro años; y nulas iniciativas de fortalecimiento institucional por la prioridad financiera que poseen las obras.

Pero la problemática anterior, no es la única que debe responder una Política de Infraestructura en el largo plazo. Además se debe configurar un sistema que permita mayor coordinación interministerial en los proyectos de inversión y una adecuada política de descentralización de las decisiones, que permitan a los Gobiernos Regionales participación real en la política de infraestructura de sus regiones.

Sin querer ahondar en cada uno de los instrumentos que propongo, en esta primera publicación, si quisiera dejarlos enunciados:

Un Consejo de Infraestructura: a cargo de aprobar la política nacional, las metas del sector, y el presupuesto anual del área.

Un Fondo Nacional de Infraestructura concebido único, flexible, descentralizador, y fortalecedor de la función institucional.

Un Estatuto Jurídico para los Inspectores Fiscales, con derechos, deberes, supervisión, perfeccionamiento profesional, mejoras remuneraciones y transparencia operativa.

Normalización Jurídica de instancias como la Coordinadora General de Concesiones.

Dichos instrumentos no requieren modificar la actual estructura administrativa del MOP, ni las actuales plantas de funcionarios, sino rediseñar la red de relaciones entre Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Hacienda y las Direcciones Operativas, a través principalmente de los dos primeros instrumentos.